El 1 de octubre de 2026, la Electronic Frontier Foundation y la ACLU of Northern California enviaron una carta de demanda + solicitud de registros bajo la California Public Records Act al Sheriff del Condado de Marin, Jamie Scardina.[1][5]

La carta cita los logs de auditoría de red obtenidos por Point Reyes Light el 30 de septiembre que muestran que su oficina compartió datos de ALPR de Flock Safety con agencias fuera de California y federales — 254.131 veces solo en noviembre de 2024.[1][4] Las agencias receptoras nombradas explícitamente: Alabama, Indiana, Kentucky, Florida y Texas — estados que “imponen restricciones severas al cuidado reproductivo y tienen un historial de asistir al ICE.”[1]

Esto viola directamente la ley de California SB 34 — aprobada en 2015, prohíbe compartir ALPR con entidades fuera del estado — y los términos del Settlement Agreement de 2022 en Lagleva v. Marin County Sheriff, donde EFF + ACLU ya habían demandado al MCSO por compartir millones de placas de californianos con ICE y Border Patrol.[1][2] El sheriff se había comprometido entonces a dejar de hacerlo.[1][2]

( el Lagleva settlement data de 2022; el audit log documenta incumplimiento en noviembre de 2024 — dos años y medio después del acuerdo )

EFF + ACLU piden una auditoría completa de la base de datos ALPR + nuevos protocolos de cumplimiento + evaluación de penalidades para cualquier empleado que comparta ALPR fuera del estado.[1][5] En la carta, EFF argumenta que la compartición “expuso información sensible de ubicación de conductores al uso indebido del gobierno federal y de estados que carecen de las protecciones robustas de privacidad de California.”[1]

El State of Surveillance daily briefing del 13 de octubre — el ancla editorial canónica para esta carta de demanda — resumió el caso como: “254,131 ALPR shares that violated SB 34 in a single month,” citando el consent decree de 2022 como el ancla legal que el sheriff había firmado y luego violó.[5]

La pregunta editorial para una procuraduría mexicana, brasileña, o argentina firmando un contrato enterprise de CCTV/ALPR en Q4 2026: si un sheriff de California ya tenía una demanda previa + settlement, y sus propios logs de auditoría internos documentan el incumplimiento, y las legislaciones de LATAM (LFPDPPP México Art. 5/60, LGPD Brasil Art. 5/46, Ley 21.719 Chile) tratan datos de ubicación de vehículos + datos biométricos como datos sensibles con base legal más estricta que el consentimiento ordinario, qué tres cláusulas exige tu RFP Flock / Motorola Vigilant / Axon / Genetec:

Cláusula 1 — federal-state-agency-disclosure clause. Vendor publicará cada 90 días una lista de las agencias federales/estatales/fuera-de-jurisdicción que han accedido a datos del customer, con count agregado (el equivalente a lo que MCSO debió haber publicado en su November 2024 audit report).[1]

Cláusula 2 — internal-audit-report-disclosure clause. Vendor warrants entrega al customer de cualquier auditoría interna que documente incumplimientos contractuales, con 14-day notice desde la generación de la auditoría — sin esperar a que un tercero la obtenga vía FOIA/PRA.[1]

Cláusula 3 — settlement-agreement-compliance clause. Si el vendor tiene settlement agreements previos con clientes, regulators, o advocacy groups que afectan su arquitectura de datos, customer exige garantía por escrito de cumplimiento continuo + derecho de auditoría independiente.[2]

La diferencia arquitectónica entre un RFP firmado con un vendor que tiene logs de auditoría públicos verificables y un RFP firmado con un vendor que no, ya no es una pregunta teórica.[5]

P.D. ¿Cuántas de tus cláusulas contractuales actuales cubren el escenario “el vendor descubre una auditoría interna que documenta incumplimiento contractual y no te la entrega por 60-90 días”? Si la respuesta es “ninguna”, hoy es buen día para revisitar el stack.

📰 Fuente: EFF Deeplinks Oct 1, 2026 + EFF Lagleva case page + EFF verbatim demand letter + Point Reyes Light Sep 30, 2026 + State of Surveillance Daily Surveillance Briefing Oct 13, 2026.

Fuentes

[1] EFF — We Demand More Information on How Marin Cops Illegally Shared Flock ALPR Data (Pinsof, Oct 1 2026) — https://www.eff.org/deeplinks/2026/10/we-demand-more-information-how-marin-cops-illegally-shared-flock-alpr-data [2] EFF case page — Lagleva v. Marin County Sheriff — https://www.eff.org/cases/lagleva-v-marin [4] Point Reyes Light — Marin’s Flock data breached (Rios Mace, Sep 30 2026) — https://www.ptreyeslight.com/news/marins-flock-data-breached/ [5] State of Surveillance Daily Surveillance Briefing — Oct 13 2026 — https://stateofsurveillance.org/news/daily-surveillance-briefing-october-13-2026/